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CONFERENCIA PERMANENTE DE PARTIDOS POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE


COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL COVID-19

  • Dr. Rafael Rodríguez Cabrera (México)
  • Dr. Jorge Rachid (Argentina)
  • Dr. Álvaro Erazo (Chile)
  • Dr. José Luis Correa (Colombia)
  • Dr. José Durazo (Colombia)
  • Dr. Jean Hugues Henrys (Haití)
  • Dr. Gaspar Rodríguez (Honduras)
  • Dra. Marta Sandoya (Panamá)
  • Dr. Edgar Giménez (Paraguay)
  • Dr. Oscar Feo (Venezuela)

Abril de 2020



Ante el planteamiento sobre eliminar los derechos de patente de las pruebas y otros insumos para el SARS-CoV-2, por parte de los países latinoamericanos y de esa manera que cada quien esté en posibilidad de fabricar y producir sus propias pruebas e insumos, disminuyendo sensiblemente el costo y generando mayor accesibilidad a dichas pruebas, esta Comisión se permite transcribir algunas consideraciones a manera de antecedentes:

Desde la creación de las normas de patente para proteger la propiedad industrial e intelectual, se han presentado algunos eventos de tal importancia, que han requerido la revisión de dicha normatividad para mantener un equilibrio entre los derechos humanos y los costos de producción de bienes utilizados para la salud.

Tales eventos como la presencia del SIDA/VIH o del Ébola, el Zika, entre otros padecimientos, endémicos, epidémicos o pandémicos, han permitido establecer limitantes a los derechos de patente, sobreponiendo el interés y bien común.

La realidad de muchas situaciones en los países donde solo se incentiva la innovación en aquéllas áreas de la salud donde el mercado puede desarrollarse o existen capacidades de pago en las costosas tecnologías sanitarias con patentes. Es un hecho que las enfermedades donde la pobreza es la principal condición y efecto de las enfermedades como el dengue, el Ebola, la Leishmaniasis o la enfermedad de Chagas, la investigación tarda y es comparativamente muy distante de aquellas enfermedades del primer mundo. La realidad como la que hoy vive la humanidad afecta a todos los países y es por ello que debemos hacer un esfuerzo en la equidad en el acceso de tecnologías desde los requerimientos de ventiladores mecánicos, insumos, medicamentos y dispositivos.

Se puede contar con excepción a la propiedad industrial o intelectual (patentes), cuando la magnitud de un evento epidemiológico genera dificultades para el acceso de la población al bien requerido.

También puede haber excepciones cuando un medicamento, que es un Bien Social según la OMS, no respeta el precio común en moneda constante en todos los países del mundo, en cuyo caso se lo denuncia ante la OMC organización mundial de comercio, que hace caer la patente, como efectuó Brasil con Lula en el caso de los antirretrovirales, que en Indonesia costaban 0,75 u$s y en su país 2,40 por lo cual cayó la patente y lo comenzó a producir Farmaghinos, es decir producción pública de medicamentos hasta hoy, sin pagar patente.

Se debe respetar que la excepción permitirá al país o países, hacer uso de los elementos y fabricarlos para mejorar el acceso de la población y disminuir los costos del insumo; no se debe usar para comercializar dicho bien con terceros, a menos que exista una razón de fondo, como es que el país solicitante no cuente con la capacidad física o técnica para producir el bien requerido y acuerde con un tercer país su producción.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) incluyó, en 1995, un acuerdo llamado Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual para el Comercio (ADPIC), sobre respeto de los derechos de propiedad intelectual, que todos los miembros de la organización se comprometen a respetar.

Como consecuencia de los conflictos citados, durante la Conferencia de Doha de la OMC, se aprobaron diversos acuerdos relevantes respecto al equilibrio entre los derechos de patente y los Derechos Humanos. Así, el artículo 5b indica que «cada miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias».

Y el articulo 5c dice: «Cada miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia».

Con lo anterior, esta Comisión propone un enunciado de posicionamiento para que CADA PAIS, en atención a sus atribuciones y posibilidades, de acuerdo a la magnitud de la pandemia de COVID-19, haga a un lado la patente de los insumos requeridos y pueda producir por si mismo estos insumos:


CONSIDERACIONES

Ante la morbimortalidad asociada al contagio de COVID-19; que al día de hoy ha contagiado a más de 2.8 millones de personas en todo el mundo, falleciendo más de 180,000 en los primeros 4 meses de iniciada la pandemia,
Que la afectación en la región de las Américas es del 46% del total de afectados, con más de 1.8 millones de contagiados y 120,000 decesos, principalmente en Estados Unidos y Canadá, pero que aumenta preocupantemente en los demás países,

Que los países afectados han visto amenazada su estabilidad sanitaria al consumir la totalidad de pruebas para diagnóstico y medicamentos, así como equipamiento para el tratamiento, aun los que cuentan con la tecnología y patentes para producir dichos insumos,

Que actualmente los insumos necesarios para diagnóstico, tratamiento y control de la pandemia a nivel mundial, son consumidos principalmente y de manera exhaustiva por países con gran capacidad adquisitiva, por el incremento en costo comercial, debido a que cuentan con derecho de patente, generando dificultades y escasez de los mismos, en países con menor capacidad económica y de comercialización,
Que los países de América Latina cuentan con infraestructura y conocimientos técnicos para producir los insumos, pero la normatividad internacional en materia de protección de la propiedad industrial e intelectual limita el acceso a suficientes insumos,

Conociendo la necesidad de realizar pruebas de detección de presencia del SARS-CoV-2 en contactos y personas de las áreas de influencia, para identificar posibles portadores y aislarlos, evitando mayor propagación y riesgo para la población,

Que al producir cada país sus propios insumos, obtiene 3 efectos inmediatos de beneficio para la salud pública y que son: Disponibilidad en número suficiente para sus necesidades; accesibilidad a los insumos en cualquier parte del país y mayor oportunidad en tiempo para realizar las pruebas, aplicar los medicamentos y utilizar el equipamiento necesario para diagnóstico y tratamiento de la COVID-19,

Sabiendo que el confinamiento del paciente y su distanciamiento de otras personas, durante el período presintomático y sintomático es la principal estrategia para evitar contagios y con ello evitar la enfermedad;

Sabiendo que el planteamiento es una cuestión de Derechos Humanos, de accesibilidad y universalización del medicamento y su producción local, basada en las buenas prácticas farmacéuticas y los protocolos internacionales, hace que los países recuperen soberanía sanitaria en las decisiones, ante un sistema impuesto que ha limitado su planificación estratégica en salud.


Esta Comisión propone a la COPPPAL que se PRONUNCIE porque a través de la legislación internacional vigente, en base a los artículos 5-b y 5-c del Acuerdo ADPIC de la OCDE, la normatividad interna de cada país en propiedad industrial e intelectual, los países de LATAM puedan iniciar la tramitación de licencias no voluntarias, permitiendo con esto, producir localmente las pruebas de laboratorio, en particular las RT-PCR y las de pruebas serológicas de detección de Anticuerpos IgM, IgG entre otras, con el propósito de contar con un mayor número de pruebas de laboratorio y de esta forma lograr cumplir el propósito recomendado con urgencia por la propia OMS de poder testear al mayor número de personas, de acuerdo las recomendaciones clínicas y de salud pública en la fase actual de la pandemia, y hacia adelante en el monitoreo epidemiológico de la pandemia. Esto permitirá acortar los plazos de realización de exámenes y la entrega oportuna de éstos, logrando una trazabilidad de los casos positivos y confirmación de casos asintomáticos en grupos poblacionales de riesgo. Así también poder identificar los grados de circulación del COVID 19 nuestros países. Todo ello además significará un menor gasto, que permitirá sobrellevar los enormes costos que nuestros países están incurriendo en el enfrentamiento del COVID-19.